Francisco Court Silva, exdirector del Centro Cultural de Las Condes hizo efectiva una cláusula de contrato que le facilitó cobrar una indemnización sin tope de daños y en UF. Este tipo de corporaciones reciben recursos de las municipalidades, pero son entidades privadas, razón por la cual Court no se regía por el Estatuto Administrativo, sino por el Código del Trabajo, lo que le permitió obtener un finiquito excesivo. Sobre esto, hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con Juan José Lyon, director ejecutivo de la fundación América Transparente.
¿Habría un 40% de notarios que están relacionados de alguna u otra forma familiarmente?
“Puede cambiar en algo la cifra porque es una investigación que nosotros realizamos hace tres años atrás, donde tomamos el listado notario justamente que está en la página del Poder Judicial y lo cruzamos con la gente que estaba en esa época en el Congreso, en la Cámara de Diputados, o que habían sido parlamentarios o que eran miembros de la Cámara de Diputados. O ex-miembros de la Corte Suprema. Y nos dio esa cifra, que el 40% de los notarios estaban parentados con actuales o ex-miembros del Poder Judicial o del Parlamento o también otros notarios. Esto fue emitir miles de certificados de matrimonio, revisar miles de relaciones laborales familiares, o sea, fue un trabajo bien exhaustivo”, señala Juan José Lyon.
“Y ese fue el resultado de la investigación. Puede cambiar un poco porque hay notarios que han dejado a ese notario, ha cambiado el Congreso, pero las cifras no creo que varíen mucho tampoco porque el sistema notarial, como es hasta los 75 años o en algunos casos hasta que se mueren, no es muy dinámico. No cambian notarios todo el tiempo. Entonces no creo que en tres años haya cambiado tanto la cifra”, indica el director ejecutivo de la fundación América Transparente.
¿Cómo funciona este entramado y hace cuánto tiempo están siguiendo este caso en América Transparente?
“Este caso para nosotros es un triunfo en el sentido de que esta es una investigación de CIPER de los 240 millones que recibió en indemnización el exdirector de la corporación. Y esto se pudo saber porque nosotros estuvimos casi tres años en juicio con la Corporación Cultural de las Condes para que fuera transparente. Como son una corporación de derecho privado, no se regían por el estatuto administrativo, entonces él tenía este contrato especial que pudieron hacerle. Y ellos usaban esa misma excusa para decir que son una entidad privada para no someterse a la ley de transparencia. Pero la Corporación Cultural de las Condes se financia principalmente por los fondos que le traspasa el municipio. Es decir, todos los años la Municipalidad de las Condes le pasa entre 4.000 a 5.000 millones de pesos. Y eso es un fuerte ingreso. Son fondos públicos. Son fondos públicos, claro”, afirma Juan José Lyon.
“Entonces, ellos ejercen una labor pública. Realizan para la Municipalidad la labor de la cultura. Todo lo que tiene que ver con el tema cultural se financia con fondos públicos. Bueno, estos son fondos públicos. Ellos decían que no. Primero fuimos a un juicio en la Corte de Apelaciones que ganamos. Pero ellos después nos mandaron a la Corte Suprema. Todos estos juicios demoran años. Y finalmente la Corte Suprema dijo, bueno, acá son dinero. Aquí son los fondos públicos. Se ejercen las labor públicas. Se aplica la ley de transparencia. Y eso permitió que CIPER pidiera estos datos y pudiera dar a conocer esta indemnización binaria. Bueno, y que mucha gente pueda seguir pidiendo también datos respecto a boletas, actas de directorio, un montón de cosas que esta gente todavía no publica. Ahora hay un sitio web de transparencia, pero hay muchos documentos que no están ahí. Entonces, por solicitud de acceso a la información, uno ahora puede pedirle y están obligados a entregarla. Antes de que estuviera este fallo en la Corte Suprema, ellos básicamente subían muy poca información y entregaban lo que querían entregar”, asegura el director ejecutivo de la fundación América Transparente.
Pero cuando son recursos públicos, finalmente uno tiene que poner el ojo ahí. ¿Qué es lo que destacaría esto?
“Ah, no, acá acabo un caso muy feo, al fondo, para acá preguntarse a quién le están cuidando la plata. ¿Al señor Kurt? ¿O son los que le están cuidando la plata? ¿O son los dineros municipales que están cuidando? Esta no va a ser la primera corporación donde hay indemnizaciones millonarias. También pasó, por ejemplo, en la Junta de Alcalde, que es lo que administra el Parque Intercomunal de La Reina, un caso similar en Ñuñoa. La diferencia es que esos casos, por ejemplo, el de Ñuñoa, es que cuando llegó la nueva alcaldesa, ordenó investigar esto y está en un juicio todavía por ese caso. En el caso del Parque Intercomunal de Las Condes, también, ahora está en un juicio en tribunales como laborales, para ver por qué el exdirector dice que no tenía límites, pero los directores, que son los alcaldes de Providencia de La Reina, también participan las condes, dicen que no, que tienen el límite legal, que son estos 11 años máximo”, asevera Juan José Lyon.
“Y bueno, y acá en la Corporación Cultural de las Condes no hubo eso. Acá él tenía esa cláusula abusiva, que se firmó durante el periodo de Francisco de la Maza. Hay que preguntarle a él por qué permitió este tipo de cláusula. Y bueno, y acá también hay una responsabilidad en el actual directorio, que preside la alcaldesa Peñaloza, en que a él se le pagó la totalidad. Yo me pregunto, ellos gastaron, o sea, tienen abogados que gastan en muchas cosas, pero nos tuvieron a nosotros una fundación que apenas tenía ingresos durante tres años en juicio, gastando abogados, tiempo, recursos en tribunales, para no transparentar este tipo de cosas, y no gastan esos mismos recursos o no gastan en abogados para no pagar estos 240 millones. Porque acá lo que podría haber hecho la municipalidad, el directorio de la corporación, que preside la alcaldesa, decir, ‘¿sabe qué? Esto no está correcto, se le va a pagar los 11 años límite’, y bueno, si usted tiene alguna diferencia, vamos a un juicio, impugnar lo que fue ese trato, que claramente sale lo común, si estas cláusulas hoy en día no existen, o sea, como a todo evento, a él se le garantizaban 38 sueldos, es absolutamente raro, no común, y acá no hubo ninguna intención de cuidar los fondos, llegó y se le pagó”, sostiene el director ejecutivo de la fundación América Transparente.
¿Este es un entramado? ¿Se va a caer este tinglado? ¿Y cómo funciona esto?
“Sí, se debería empezar a caer, en el sentido de que son miles de millones de dólares. ¿Y cómo funciona el tinglado para cerrar? Hay muchas entidades que transfieren la municipalidad a distintas corporaciones y otras entidades que han escapado de la transparencia como esta de las condes, pero los sucesivos fallos que ha tenido recientemente el Consejo para la Transparencia, dictamen de Contraloría y ahora el más contundente, el de la Corte Suprema, dice que en el fondo de que estas organizaciones, cuando reciben fondos públicos y ejercen una labor pública, tienen que someterse a la ley de transparencia, transparentar los recursos. Entonces, ese es el fallo de la Suprema. Y el fallo de la Suprema, mezclado también a lo que ha dicho el Consejo, además la Contraloría, nos está permitiendo a la ciudadanía y a nosotros empezar a solicitar esa información a estas entidades y que empiecen a entregarla. Eso sí, estas entidades ofrecen resistencia. Nosotros estamos en otro proceso paralelo también con López Nechea, con Colina, con la Municipalidad de Santiago, que también tienen corporaciones similares, y probablemente alguno de esos va a terminar en juicio porque dicen, bueno, no se me aplica o hay resistencia. Y si bien el Consejo puede fallar”, plantea Juan José Lyon.
“De alguna manera, la Contraloría ha dicho lo mismo. No hay un ente todavía público o no se les pone como un no se les puso un deadline. Es decir, no se les puso. Bueno, desde ahora ya todas estas entidades tienen que someterse a la ley de transparencia y cumplir con el estándar de la ley. No dicen lo que dijo el fallo de la Suprema. Bueno, se les debe aplicar lo que dijo la Contraloría. Lo mismo. Y nosotros como institución, como fundación, estamos haciendo eso en la medida de lo que podemos, porque somos muy pocas personas. E identificar estas corporaciones y fundaciones, etcétera, o entidades vita. Por así decirlo, que son organizaciones comunitarias e ir a tocar en la puerta y decirle bueno, entreguen estos datos. Siempre partimos por los contratos y también el personal. Y como usualmente nos va mal porque de primera no quieren entregarlo. Bueno, empezamos todo un proceso que demora meses o hasta años, que es partir por el Consejo, paralelamente ir a la Contraloría y después, si necesario, ir a la Corte de Apelación o a la Corte Suprema”, complementa el director ejecutivo de la fundación América Transparente.
“Aprovecho de decir que todo esto para nosotros también demanda abogados, tiempo y que tenemos muy pocos recursos y la gente siempre nos puede apoyar en americatransparente.org. Si quieren apoyarnos en nuestro trabajo, te persigue. Pero en todo caso, acá en Las Condes, en la administración de CURT, estos 240 millones parecen poco, la verdad, cuando uno ve que es una municipalidad que lamentablemente ha estado sacudida últimamente por casos de corrupción. ¿Dónde está el tema? El CEFAM, las horas extras, análisis de Contraloría, contratos de licitaciones a parientes, licitaciones. Es decir, últimamente, todos los meses, a veces semanas, nos encontramos con un nuevo caso de corrupción en Las Condes. Y en este caso, la Corporación Cultural se suma a uno más”, concluye en Palabra Que Es Noticia Juan José Lyon de Fundación américa Transparente.