Los profesores de la región de Atacama se pronunciarán esta noche sobre el Principio de Acuerdo, luego de 73 días de paro y extensas negociaciones. Y en otra línea, los gobernadores fueron duramente cuestionados por el contralor luego de que la Contraloría revelara irregulares en 15 regiones por transferencias. Sobre esto, hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con Miguel Vargas, gobernador regional de Atacama.
Cuéntenos en qué está el tema del paro de profesores y cómo están los alumnos también
“La noticia importante es que se retoma el diálogo y hay un principio de acuerdo entre el Ministerio de Educación y los gremios, particularmente el Magisterio, que es lo que siempre promovimos desde la región. Una de las razones por las cuales el gobierno regional empezó a intervenir en este proceso era precisamente incentivar el diálogo entre las partes y encontrar vías de solución al conflicto. Ahora, no queda muy claro cuáles son las condiciones que se tienen que dar absolutamente para que podamos retomar las clases en el transcurso del mes de noviembre. Vamos a tener un ratito más una reunión con los dirigentes de los gremios en el marco de la mesa regional. Y vamos ahí a precisar el tenor del acuerdo con el Ministerio de Educación que todavía no conocemos oficialmente”, señala Miguel Vargas.
“Formalmente, básicamente lo que hemos visto son trascendidos a través de los medios de comunicación. Pero yo quiero destacar que lo que se vislumbra es una flexibilidad en la demanda del Magisterio. Dado que aquí lo que se establecía como condición para retomar las clases era que se cumplieran con ciertas condiciones. Y que se cumplieran con ciertas condiciones mínimas en materia de infraestructura en los establecimientos educacionales. Ahora, para ser bien sincero, esas condiciones mínimas todavía no existen”, indica el gobernador de Atacama.
¿Hace cuántos años están esas no condiciones?
“Cuando se hablaba de condiciones mínimas, habilitantes, estamos hablando de pequeñas obras de infraestructura que en promedio, en 60 colegios de la provincia de Copiapó y Chañaral, no superaban los 15, 16 millones de pesos. El compromiso del Ministerio era al día lunes de esta semana, tener las obras terminadas en nueve colegios. Fuimos a recorrer tres de esos nueve, el día miércoles, aquí en Copiapó, Escuela del Chañar, Escuela Las Brisas, Escuela María Luz Lanza Pizarro, y que observamos que los trabajos no se han terminado”, afirma Miguel Vargas.
¿Pero trabajos de qué? ¿Qué cosas son, por ejemplo?
“Arreglos de chapas, reparar los vidrios, comprar mudadores, para el caso de la escuela especial, cosas mínimas. Sistemas de electricidad, compras de focos, sistemas de alumbrado en el colegio. Son inversiones menores. No son las obras de infraestructura que se requieren para que los colegios cumplan con las condiciones adecuadas para impartir los aprendizajes. Hay que tener presente que los colegios de Atacama, muchos ya han perdido su vida útil. Son establecimientos de larga data, entre 20 y 30 años. Y que, por lo tanto, con el desgaste natural de las obras, tienen estas dificultades. Que se evidencian ahora. Ahora, nadie puede pretender que estas obras se vayan a materializar ahora ya, ni de un mes para otro, ni tal vez de un año para otro. Pero aquí se estableció un piso mínimo. ¿Ya? Pero una casa puede durar 100 años. O un establecimiento, un edificio puede durar 100 años si está bien hecho. O sea, no sé. 300. Si observamos deficiencia en la infraestructura, probablemente también haya algo de ello”,asegura el gobernador de Atacama.
¿En qué momento terminamos en que hay niños que hace dos meses no tienen clase? Ese es el tema. ¿Cómo puede pasar una cosa así en que el propio ministro diga que incluso llegaron también tarde? Usted, como gobernador, siente que usted llegó tarde. ¿Qué pasó ahí?
“Decir que la responsabilidad en la implementación de las políticas públicas en educación en la región son del ministro. Ha dejado todavía de ser centralizado en muchas materias. Nos encantaría tener más facultades y poder intervenir más directamente en muchos procesos en la región, pero no podemos. Pero, ¿por qué? Entiendo lo que dice el ministro en el sentido de que esto ya fue evidenciado. Por el colegio de profesores y por los gremios en el mes de marzo de este año. Ahí se suscribieron compromisos con la subsecretaria. Y esos compromisos no se cumplieron. Y lo que se está demandando ahora es lo mismo que se solicitó a principios de año. Y ya habían antecedentes de problemas de gestión en los SLEP desde que partió el proceso aquí en la región de Atacama. Hay que tener presente que Atacama ha sido el laboratorio de la nueva institucionalidad. Aquí están todos los colegios municipales, o los que eran municipales fueron traspasados a los servicios locales de educación, tanto en el Huasco como en las provincias de Copepocha y Añaral con el SLEP Atacama. Entonces, han pasado varios directores, hay preguntas en la chaloría. Pero todavía hay antecedentes objetivos que demostraban que teníamos un problema en la educación pública. Y esto ha sido tema de conversación permanente con los gremios, con el sector, con el consejo regional”, expone Miguel Vargas.
En su opinión, ya que Atacama fue el laboratorio de los SLEP, ¿usted cree que hay un problema de gestión? ¿O usted cree que hay un problema en la estructura de cómo se hizo esa reforma? ¿Cree que hay que volver a la municipalización? ¿Que hay que, como dice también la senadora Provoste, pausar el avance de más SLEP?
“Estoy de acuerdo con la declaración de la Comisión de Educación del Senado. Creo que hay que poner una pausa, reflexionar respecto de cómo se ha implementado esta política en los últimos años en el país, observar bien el proceso en las regiones donde se ha aplicado en un 100%, particularmente en Atacama, porque hay una mezcla de cosas. Nadie quiere volver a la municipalización, eso sí lo queremos descartar, porque los municipios que tienen a su cargo la educación también tienen problemas. Y cuando la educación estaba a cargo de la municipalidad en la región de Atacama, habían problemas evidentes. También hubo movilizaciones, hubo mal uso de los recursos de la subvención educacional preferencial. Hemos visto casos y definiciones o resoluciones de la propia superintendencia de educación. Entonces, nadie quiere volver a eso porque entendemos que el municipio no tiene esa función. El municipio está para otras tareas, no para administrar la educación. Nosotros siempre fuimos partidarios de este componente de la reforma que se impulsó en el gobierno de la expresidenta Bachelet, que tenía un ámbito relacionado con la desmunicipalización. Aplaudimos eso, pero evidentemente que a la luz de lo que ha pasado ahora, no estamos de acuerdo con la forma como se ha llevado adelante el proceso. Aquí hay temas de gestión, evidente, las personas que están a cargo de dirigir este organismo, son las más adecuadas, y prueba de ello son los sucesivos directores que hemos tenido en la región, y la última directora que nombraron ahora ya está con licencia médica”, plantea el gobernador de Atacama.
Es que eso le voy a preguntar, pero ¿cómo está con licencia médica insólito, no?
“Bueno, siempre se cuestionó el que la persona en cuestión pudiera llegar a ese cargo. Lo dijeron permanentemente los gremios. Pero pese a todo eso, porque esta persona además fue encargada del Departamento de Educación Municipal”, puntualiza Miguel Vargas.
¿Pero por qué llega esa persona a ese cargo? ¿Cómo llega? ¿Quién lo nombra? ¿Quién la nombra?
“Me imagino que esos nombramientos son parte de la Dirección de Educación Pública. Me parece que no había nadie más que nombrar, porque no se puede hacer un concurso porque hay un proceso vinculado al exdirector del Servicio Local de Educación, y mientras ese proceso no termine, entre paréntesis, a un director que ya no cumple funciones, que sigue pagando, no se le ha podido totalmente desvincular, y eso además impide nombrar un director titular, hay que llamar a concursos. Y por alta dirección pública. Todos los males se han concentrado particularmente en la provincia de Copiapoóy Chañaral, pero yo creo que hay que revisar el proceso, aquí hay que impulsar cambios en la ley, hay que dotar al Ministerio de más facultades respecto de los propios SLEP, yo creo que estos servicios fueron diseñados con mucha autonomía, y con pocas capacidades reales para hacerte cargo de este verdadero monstruo que es el sistema educacional”, complementa el gobernador de Atacama.
Hablemos del informe de la Contraloría de las Secretarías Regionales de Vivienda
“A ver, este es un tema bien complejo, nosotros recibimos el informe ayer tarde por parte de la Contraloría, estamos analizándolo en detalle, obviamente nos vamos a hacer cargo de todas las responsabilidades administrativas que podamos tener en la materia, solo de una manera muy general, lo que advierte ahí la Contraloría son errores, errores administrativos, normalmente ocurre eso cuando se hace una auditoría bien exhaustiva respecto de los procesos de una determinada repartición pública, es la función de la Contraloría, la respetamos y nos vamos a hacer cargo de cada observación que ahí se levante. Lo importante es que, en el caso del gobierno regional, aquí nadie ha metido las manos y no hay casos de corrupción involucrados. Ahora, respecto del caso que tú me mencionas”, responde Miguel Vargas.
A ver, lo que yo tengo entendido es que el Contralor mandó, en distintos de estos casos, en distintos casos las seremías, uno al Consejo de Defensa del Estado y otro al Ministerio Público, es decir, lo que hay que hacer es…
“Lo que pasa es que estoy, yo me estoy refiriendo, Andrea, a lo que pasa en el gobierno regional. Sí, sí, sí. Respecto de la seremía de vivienda, Sí, pues por eso… el Ministerio tendrá que clarificar por qué se contrató a esa fundación y no a otra. Por lo menos nosotros, en lo que compete a nuestra gestión, siempre, y eso está establecido, nosotros exigimos a lo menos dos años de antigüedad para cada entidad que quiera postular por cualquier día a los fondos del gobierno regional y que acredite algo de experiencia, ¿ya? Ahora tampoco abunda la oferta en regiones como la nuestra, ¿no? No tenemos muchas fundaciones especializadas o corporaciones o entidades, instituciones especializadas en muchos temas, ¿ah? Y siempre hay una gran presión también de muchas organizaciones más pequeñas de acceder también a los fondos de los gobiernos regionales. Entonces, yo creo que acá, y lo ha explicitado bastante el contralor, nadie puede estar en contra de que se sancione, ¿cierto? Se investigue y se sancione lo que se ha hecho mal, ¿ya? Pero eso tampoco nos puede o puede poner un manto de duda respecto de todo lo que se hace en materia de aportes a distintas organizaciones para desarrollar distintos programas que tienen impactos en la comunidad. Yo creo que hemos cometido un error con prohibir las asignaciones directas, ¿ya? Y lo quiero decir con mucha responsabilidad porque gracias a estas asignaciones tú puedes resolver problemas inmediatos que demandan organizaciones. Mira, por ejemplo, en el mes de noviembre el Club de Sanborn de Caldera está organizando un nacional y requiere aportes del gobierno regional. Con los directrices de la Circular 20 del Ministerio de Hacienda no tenemos ninguna posibilidad Yo lo entiendo. Entonces, por eso que pasar de la A a la Z sin término medio nos parece un error que le hemos dicho al Gobierno. Y yo creo que tenemos que fortalecer los controles, la regulación como corresponde”, fundamenta el gobernador de Atacama.
Hablemos de su gobernación. En el caso de usted, ¿cuáles casos están… tiene algunos casos de traspaso de dinero de los gobiernos regionales por las razones que usted dice que están siendo investigados por Contraloría o que están siendo de alguna manera puesto una lupa en Contraloría?
“La Contraloría lo que hizo fue seleccionar al azar porque nosotros cuando estalla este caso, particularmente en Antofagasta, y también se empieza a observar los gobiernos regionales, nosotros fuimos a hablar con el Contralor y le expusimos ‘mire, señor Contralor, estos son todos nuestros programas, estas son todas las corporaciones, fundaciones que trabajan con nosotros, aquí está, si tiene alguna duda, vaya e investigue’. Ahora, la mayoría de estos programas fueron con toma de razón. ¿Por qué? De Contraloría, ¿ya? Por lo tanto, y eso daba la tranquilidad de que se estaban ejecutando sin mayor inconveniente, salvo los que contemplaban recursos menores a 300 millones de pesos que nos estábamos obligados y la misma Contraloría nos decía este documento no debe ingresar al ente Contralor, ¿ya? Por lo tanto, dejar en claro eso. Entonces, lo que hizo la Contraloría fue iniciar una auditoría, tomó ciertos programas al azar e hizo una investigación profunda. ¿Y qué fue detectando? Algunas irregularidades a juicio del Contralor y que nosotros estamos dispuestos a corregir. Por ejemplo, que no se exigiera más de una cotización para un oferente que quisiera participar en algún programa”, comenta Miguel Vargas.
¿Usted cree que hay que corregir? ¿Usted habla de irregularidades? ¿O usted cree que hay que corregir derechamente o que hay tráfico de influencia?
“Errores que hay que corregir, evidentemente. El proceso administrativo y todo tipo de procesos tienen que estar en una permanente mejora. Entonces, ¿usted reconoce que hay errores? ¿Que hubo errores? ¿Qué hubo errores? ¿Qué hubo errores? Y les dice solo errores. Errores. O sea, la tranquilidad que podemos tener es que cometemos errores y los vamos a seguir cometiendo. Lo importante es no cometer horrores”, agrega el gobernador de Atacama
Ya, aquí nadie ha metido las manos, usted dice…
“Nadie ha metido las manos. Eso lo puedo garantizar pero a cabalidad”, asevera.
Y solamente para cerrar, las declaraciones que hizo el gobernador Mundaka sobre, con respecto a la “ley Penca” del presupuesto y este intentona quizás de cruzar…
“Lo que pasa es que cuando el contralor hace una afirmación de esa naturaleza, eso es muy fuerte porque se pone un manto de duda respecto a la forma como los gobiernos regionales gastan sus recursos. Sí, pues. En Atacama, por ejemplo, y para que lo tengamos claro, el 60% del presupuesto se va a obras públicas. Un porcentaje menor. Son transferencias a servicios públicos, a entidades privadas, otros montos se van a los fondos concursables. Entonces, con tal de corregir ciertas irregularidades, aquí lo que se ha hecho vía ley de presupuesto es prácticamente atar de manos a los gobiernos regionales. Tenemos muchos temores porque todo indica que podrían desaparecer los fondos concursables. Esperamos que son fondos que van directamente a las organizaciones sociales para proyectos de cultura, deporte, seguridad ciudadana, proyectos de carácter social en general. Lo que pasó con los fondos de innovación para la competitividad, que son decisión de carácter regional para apoyar iniciativas en materia de investigación de las universidades, preferentemente, también ya no va a existir decisión regional y esto es traspasado mediante fondos de productividad y de la economía y de desarrollo al Ministerio de Ciencia. Entonces, volvemos al centralismo que existía con anterioridad y que siempre dijimos que teníamos que transitar hasta un nivel mayor de descentralización en el país, que es lo que necesitamos con sentido de urgencia. Entonces, los fondos regionales de inversión local, que son iniciativas de inversión que postulan los municipios, también tienen que pasar por el pedazo o por la guía de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Por lo tanto, lo que quiere decir el gobernador es que para resolver sus problemas. Y lo que hace el Estado frente a eso es más burocracia, es más trámites y llegamos más tarde a resolver los problemas. Y lo enlazo con educación. Es lo que le decimos al ministro. Oiga, si no se establece una condición de excepcionalidad para ejecutar las obras, no vamos a llegar a marzo del 2024 con los requerimientos que tienen los establecimientos educacionales. Entonces, aquí necesitamos vías administrativas flexibles que permitan resolver los problemas. Y lo que observamos en la Ley de Presupuestos es todo lo contrario”, concluye en Palabra Que Es Noticia Miguel Vargas, gobernador de Atacama.