El Caso Convenios ha llevado a cabo un nuevo avance durante esta semana. Esto, luego de que arrestaran a Daniel Andrade por lo sucedido con Democracia Viva, que tiene a Catalina Pérez siendo apuntada con una lupa. Más, sobre todo, debido al nuevo antecedente de que habría recibido un depósito de 15 millones de pesos por parte de su ex pareja o la misma fundación.
Sobre esto y la compleja situación judicial que enfrenta la diputada de Revolución Democrática, conversamos en Palabra Que Es Noticia con Carlos Gajardo, ex Fiscal del Ministerio Público especializado en delitos económicos.
¿Podrías darnos una visión general de cómo se ha desarrollado este proceso de Democracia Viva y que penas podrían estar implicadas por los delitos cometidos?
Yo diría que el delito más fuerte que se está investigando acá es el delito de fraude al fisco. Es decir, esa operación que se realiza donde intervienen funcionarios públicos para sacarle dinero al Estado y apropiárselo.
En principio, esos delitos, por los montos que están involucrados, debieran tener una pena de cinco años y un día para arriba. Hay que recordar, por ejemplo, que el caso justamente de Antofagasta, que es de la misma región, de Karen Rojo, es por el delito de fraude al fisco, por montos bastante menores que este, y la condena fue de cinco años y un día. Entonces, se arriesga una pena, yo diría, relativamente alta.
El delito de fraude al fisco en nuestro país tiene buena pena. En algunos casos, además, se logra acreditar algún delito conexo adicional, se han imputado acá otros delitos como negociación incompatible, probablemente se pueda imputar en algún momento también el lavado de activos.
Esa operación que se hace para ocultar, una vez que te apropias del dinero, para ocultar esa ganancia. Me parece que la Fiscalía en estos casos, y en general en el casos convenios, está actuando bastante rápido, acorde, por cierto, a la necesidad de que este tipo de casos se arriesguen prontamente.
¿Estas penas, por el delito de fraude al fisco, en algún momento aumentaron?
No, pero esa es una buena pregunta, porque sobre todo se pregunta por la nueva ley de delitos económicos.
Lo que hace la nueva ley de delitos económicos, no es aumentar las penas, en general las mantiene, hay algunos pequeños casos en que creó nuevos delitos con algunas penas altas, sobre todo delitos de carácter ambiental, pero lo que hace esta ley no es un aumento de penas, sino que hace más difícil poder acceder a una pena en libertad.
Por eso es que el eslogan con que se transmitió esta nueva ley fue decir que se acaban las clases de ética. O sea, si a usted lo condenan, la posibilidad de que sea con una pena efectiva hoy día es mucho más alta, sobre todo si es usted parte de la posición jerárquica de la empresa, si es gerente general, si es director, si tiene alguna calidad de ese tipo.
Pero en esa línea, ¿uno de los delitos más difíciles de probar ante los tribunales es el de fraude al fisco?
No, yo no diría que sea un delito especialmente complejo de investigar, porque efectivamente cuando usted acredita que se sacan dineros del Estado por el motivo que fuere, y no se destinan efectivamente a una finalidad pública, la posibilidad de probarlo es relativamente fácil.
Hay otros delitos que son más complejos tradicionalmente. Como la asociación ilícita. Ese sí es un delito que ha costado probar en este tipo de materias. Y también creo yo los tribunales han sido un tanto tímidos para condenar por el delito de lavado de activos.
Cuando hay tráfico de drogas, la condena por lavado de activos se produce muy comúnmente a partir del tráfico. Pero en los demás delitos yo diría que ha habido cierta reticencia de los tribunales a condenar también por el lavado de activos, a pesar de que son normas que ya tienen más de 20 años en nuestro país y que sobradamente se justifica que también se contiene por ese delito.
Sobre la situación procesal de la diputada Perez, ¿que significa que una persona electa, un parlamentario, esté imputada?
Básicamente, estar imputado significa que una investigación se dirige en su contra y eso genera una serie de derechos para la persona. Tiene derecho a tener un abogado, tiene derecho a conocer la carpeta investigativa, tiene derecho a que sea citada y a guardar silencio, y en general una persona es imputada o cuando la propia fiscalía está encontrando antecedentes que pueden vincularla con el caso, o también cuando hay alguna querella que se presenta en su contra, que entiendo que es el caso,
Por lo tanto no hay ninguna novedad, diría yo, en que ella sea imputada, pero sí, por lo que se ha conocido en la prensa, y no tengo más antecedentes, habrían algunos antecedentes nuevos que podrían efectivamente complicarla.
Se ha conocido que hay ciertos depósitos de dinero por cifras no menores a 15 millones de pesos en su cuenta corriente después de ocurridos los hechos de Democracia Viva por parte del que era en ese momento su pololo, Daniel Andrade, y si esos dineros efectivamente provienen de Democracia Viva, por supuesto que ella puede ser imputada tanto como coautora del delito como también por una posible actividad como lavado de dinero, y por lo tanto la situación de ella me parece que es compleja hoy día procesalmente.
La investigación sin duda debe avanzar, y como tiene actualmente fuero parlamentario, si la Fiscalía quisiera en algún momento formalizar causas contra ella y medidas cautelares, tendrá que pedir el correspondiente desafuero.
Incluso el desafuero impide que uno cite a la persona a declarar, por eso lo que se hace con un parlamentario es invitarlo, y él puede voluntariamente ir, o no. Un resabio que debiéramos en algún momento eliminar, a mí no me parece que existan buenos motivos para darle este privilegio a los parlamentarios, en su momento también fuI muy crítico de él en el caso Penta, porque efectivamente dificulta la investigación en contra de este tipo de personas, y yo creo que eso no está justificado.
Entonces, ¿la diputada está complicada judicialmente?
Me parece que de todas maneras es compleja porque tiene que acreditar y explicar cuál es el origen de los dineros que tiene depositados en su cuenta corriente, es decir, si la persona que hoy día está imputada, se le está pidiendo garantías porque habría cometido un fraude al fisco y le traspasa parte de esos dineros a ella, siendo además diputada de la zona, por supuesto que su situación creo yo es compleja, va a tener que tener una muy buena explicación de por qué se produce dicha transferencia.
En su experiencia, podría afirmar que todos los casos destapados, relacionados a los “Casos Convenios”, corresponden a un modus operandi?
Efectivamente hay un modelo que se va repitiendo. Uno no puede pensar que esto es simplemente casualidad, pareciera haber un modelo que se establece en el cual se comienzan a crear fundaciones o se utilizan fundaciones por personas a fines a partidos políticos vinculados al nuevo gobierno con el cual se efectúan este tipo de convenios.
Y de hecho hay varios casos en que ya la Fiscalía ha formalizado. Está el caso de la Fiscalía de Puerto Montt, también el caso llamado Lencería, de la Fiscalía de Concepción, en que incorrectamente a mi juicio se formalizó, pero el tribunal no dio la prisión preventiva, quedaron con arresto domiciliario.
Y este caso en que también la Fiscalía está pidiendo prisión preventiva. Cómo ve, una forma de operar que es bastante semejante y que por supuesto amerita que la investigación avance también a cómo fue que esto se fue implementando.
Noticia de detenidos por facturas falsas y detenidos por fraude tributario. ¿qué es esto?
Bueno, para dimensionarlo fácil, yo diría que es el fraude con facturas falsas más grande que se ha investigado en nuestro país.
En el caso Penta, más o menos lo que la Fiscalía le imputó a los controladores del caso Penta fueron mil facturas falsas, que era un número muy importante, no eran muchas. En el caso Factop de Sauer, que el Servicio Impuesto Interno se acaba de querellar, la imputación es por diez mil facturas falsas. Es también un número muy importante, diez veces más que el caso Penta.
Pero este caso, la imputación que se está haciendo, según se ha conocido por los medios de prensa, es muy inicial de información, es por cien mil facturas falsas. O sea, cien veces el caso Penta, diez veces el caso Sauer. Es realmente una investigación muy notable.
Me parece que hay un trabajo muy importante que se está haciendo desde la Fiscalía, por supuesto, en conjunto al Servicio Impuesto Interno y Aduanas, porque acá el delito tiene que ver también con que habría una cierta utilización de estas facturas para simular exportaciones y obtener también devoluciones de esa vía.
Por lo tanto, celebro que este tipo de acciones se están presentando, que el Servicio Impuesto Interno esté actuando con esta vigencia, tanto en el caso Sauer como en este, y son casos muy, muy grandes.
Esperemos conocer el desarrollo de aquello y la manera que va evolucionando. A veces cuando nos distraemos con casos que pueden ser mediáticamente más llamativos, como incluso lo que sucedió ayer con este señor que fue indultado en su momento, bueno, acá tenemos un caso que parece ser de verdad económicamente muy relevante y yo creo que es bueno también fijar los ojos en ese caso.
Y en rigor, ¿cuál sería aquí la forma de defraudar que se está aplicando?
Personas que directamente han creado empresas con el objeto de facturar falsamente facilitando que otros contribuyentes a su vez puedan pagar menos impuestos, incorporando esta factura falsa en su contabilidad y también simulando exportaciones a otros países para pedir la devolución.
Y el número y el volumen y el tiempo que ha funcionado esta empresa además es muy amplio. Como decía yo, se habla de 100.000 facturas falsas, el monto defraudado se estima en 240.000 millones, o sea, son montos que ya no caben en una calculadora.
Ya hubo una detención inicial de 51 personas. Es, efectivamente, un tema y un caso muy muy grande del que esperamos, por supuesto, que se desarrolle, se avance, se agote en su investigación.