La crisis de las Isapres es una problemática que ha obligado al oficialismo y la oposición a encontrar acuerdos que permitan no desequilibrar el sistema de salud. Prueba de esto es el acuerdo unánime en el Senado para adelantar el alza del Indicador de Costos de la Salud (ICSA). Lamentablemente, y a pesar del esfuerzo político, las Isapres han mostrado insistentemente su desacuerdo con la medida, además de aseverar que esta es una disposición insuficiente. Todo esto, en medio de la masiva salida de cotizantes del sistema de las aseguradoras privadas de salud. Hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos sobre esto con David Debrott, economista de la salud, exjefe de Estudios de la Superintendencia de Salud y exintegrante de la Comisión Asesora para la Reforma del Sistema de Salud Privado.
Por tu experiencia, ¿donde te ubicas con respecto al desarrollo de esta crisis?
“Yo soy un crítico bastante duro respecto de la gestión de esta crisis de la Isapres”, señala David Debrott.
¿Del gobierno? ¿De la superintendencia? ¿De quién en particular?
“En general, de cómo se ha manejado, tanto por parte de la Asociación y de la Isapres, lógicamente, porque hay un problema de origen ahí, como por la gestión que ha hecho el gobierno”, indica el economista de la salud.
“Pero hay que entender que esta crisis, que tiene que ver con los fallos de la Corte Suprema, se monta sobre una crisis financiera de la Isapres que venía hace bastante más tiempo, y que se reconoce poco o se entiende poco. En septiembre del 2021, la Isapres, prácticamente todas, comenzaron con un problema de falta de liquidez para enfrentar la constitución de las garantías que éstas tienen que tener. Y es así como los bancos, las compañías de seguros, tienen que tener unos fondos resguardados para hacer frente a problemas de insurgencia. Desde ese momento, no han parado ningún mes en pedir liberaciones de garantía a la Superintendencia. Y estos fallos, que tienen que ver con disminución de precios de los planes, y de deuda que se genera, se monta sobre esa otra crisis. Por lo tanto, es una situación bien compleja”, explica David Debrott.
Aparte del fallo, digamos. Esto tiene que ver con la pandemia, ¿no?
“Eso tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con un modelo de negocio, principalmente que está, por decirlo así, cuestionado desde el punto de vista técnico, porque los distintos componentes que les permitían a la Isapres trasladar los costos a los precios de los planes, de alguna manera, los fallos de la Corte los han ido trancando. Entonces, ese modelo de negocio es un modelo de negocio que venía ya con muchos problemas, y estos fallos lo que hacen es terminar de cuestionar esa forma de funcionamiento”, afirma el economista de la salud.
O sea, ¿el modelo financiero dejó de funcionar hace harto rato?
“Claro, mira, yo doy siempre dos o tres ejemplos. Las liberaciones de garantías son un elemento muy crítico porque es uno de los tres estándares que la Superintendencia controla. No hay otros estándares legales que las Isapres deban cumplir, así en lo fundamental. Si no pueden constituir la garantía, quiere decir que no están teniendo flujo financiero cada mes que les permitan resguardar ciertos compromisos que tienen con los beneficiarios y con los prestadores con los que trabajan”, asegura David Debrott.
“Pero esas liberaciones de garantía que parten en septiembre del 2021 vienen en conjunto con una fuga de beneficiarios que no parte a raíz de los fallos, parte en diciembre del 2021. Desde ese mes, todos los meses, hay una fuga de beneficiarios a Fonasa. Eso no tiene nada que ver con los fallos. Eso tiene que ver con los términos de convenio, con los prestadores que hacen que la gente, no es cierto, tenga que pagar las cuentas completas, después ir a reembolsar y por otra parte con los reclamos que hay en la Superintendencia respecto de la gestión de la Isapres. Entonces, es una crisis bien integral que después es, por decirlo así, profundizada por los fallos judiciales”, sostiene el economista de la salud.
Entonces, ¿por qué no ha cambiado el modelo de negocios?
“Ahí tengo una visión más bien estructural del problema. La empresa privada en general, más allá de que sea Isapre, AFP, que sea, siempre va a tratar de generar ventajas respecto de otras industrias para obtener utilidades. Si tú tienes un mal diseño regulatorio, y así es en el caso de la Isapre, siempre va a haber alguna forma en que se escapan de la regulación”, asevera David Debrott.
“Por ejemplo, la prueba más clara de eso es que, habiéndose legislado respecto de las tablas de factores, de las alzas de precios base, del tema de la cautividad, etc., les quedaba a la Isapre este tema de la prima GES. El alza de la prima GES no estaba regulada hasta ahora. Entonces, la Isapre lo que hacían era alzar los precios por la prima GES para compensar todo lo que no podían alzar por el resto”, comenta el economista de la Salud.
“Y eso es una forma, ¿no es cierto?, de escaparse, de alguna manera, de una regulación que cada vez ha sido más restrictiva, pero que las trataba de poner en los marcos de la seguridad social. Yo creo que en una industria es difícil que se logre recomponer porque tiene un cuestionamiento en la base, que es la administración del aporte obligatorio del 7% al área de la salud, y eso tiene reglas de administración bastante claras, a nivel internacional, de lo que es la seguridad social”, plantea David Debrott.
En ese sentido, ¿cómo es el negocio de la salud en el mundo? y ¿en que se diferencia del modelo chileno?
“De estos temas de seguridad social se habla de el seguro médico obligatorio o de la cobertura primaria, distinto del tema de la atención primaria, que es otro tema. Eso en general tiene que cumplir reglas de seguridad social donde por un lado los aportes son en relación a la capacidad económica de las personas, por lo tanto es un 7%, es un 7% parejo para todos. Nosotros tenemos un tema con el 7% que está limitado por arriba, en el fondo las altas rentas cotizan hasta un cierto tope, eso debiera liberarse en algún momento o algo”, plantea David Debrott.
“Y por otro lado el gasto se hace en función de las necesidades de la salud de las personas y no de las capacidades de pago que estas tengan. Y sobre eso, que es un plan de beneficio amplio, pueden haber seguros complementarios y ahí operan en casi todos los países seguros privados. Y cumplen muchos de ellos también reglas que son bastante más estrictas que las que tienen acá las compañías de seguro. Acá un seguro de salud funciona prácticamente igual que el de un auto”, fudnamenta el economista de la Salud.
Con todo lo anterior como antecedente, según tu visión y experiencia ¿para dónde vamos y qué te parece el rol de la clase política en todo este conflicto?
“Bueno, aquí hay un problema del sistema político en general, que no fue capaz de resolver en más de una década, lo que fue la sentencia de inconstitucionalidad de tablas de factores del año 2010.Ese es un primer problema que genera una serie de consecuencias y que también explica estos fallos de la Corte Suprema. Ahora, más en el último tiempo, la Superintendencia yo creo que ha tenido una conducta, por decirlo así, errática en el sentido de tratar de mantener la sostenibilidad financiera de las Isapres, pero tomando decisiones que en el fondo no van a resolver los problemas más directos que estas mismas tienen”, explica David Debrott.
“Por ejemplo, en este tema de las garantías, la Superintendencia perfectamente podría haber negado la liberación de garantías o haberla autorizado parcialmente. Pero lo que ha hecho prácticamente desde septiembre del 2021 es autorizar todas las liberaciones de garantías. Eso lo que hace, en la práctica, es debilitar el fondo ante situaciones de insolvencia. Es la gran crítica que le hacen las propias clínicas. Además, se han modificado las regulaciones aumentando el riesgo que tienen esas garantías. Esas garantías se pueden constituir con distintos activos de las Isapres o con boletas de garantías. Las boletas de garantías son las más riesgosas porque en el fondo también se otorgan con deuda. Por lo tanto, la Superintendencia lo que ha hecho es que ha ido flexibilizando eso hacía boletas de garantías. Hoy en día, la garantía que las Isapres tienen es menos de la que deberían tener y es más precaria. Hay una serie de medidas que no van en el sentido correcto”, profundiza el economista de la salud.
“Ahora, el tema de la ley corta es un tema más bien político, diría yo, en el sentido de que para implementar el fallo de la tabla de factores no se requería ninguna ley. Eso hay que tenerlo claro. Para la implementación de un fallo no se requieren leyes. La Corte Suprema dijo claramente que la Superintendencia tenía seis meses para implementarlo y que tenía las facultades para hacerlo. Si ustedes recuerdan, en una intervención que hizo la ministra Vivanco, ella dice, le dimos la instrucción a la Superintendencia porque evidentemente tiene las facultades”, sentencia David Debrott.
“Ahora, ¿para qué es la ley corta? Para resguardarse de las consecuencias que tenga la implementación de este fallo. Pero esas consecuencias, cuando la situación de las Isapres es tan crítica, tienen que ver más con los beneficiarios y con las clínicas privadas que con la situación de la propia empresa. Porque hoy día, en la situación actual, con el fallo de la prima GES, las Isapres tienen prácticamente 22 puntos porcentuales menos de ingreso, o los van a tener en los próximos meses. 22 puntos porcentuales con una industria que cuando tiene utilidades tiene 2 o 3 puntos de margen. Estos son 22 por debajo. O sea, tendría que remontar 20 o 19 puntos para llegar recién a cero. Eso es irremontable”, aclara el economista de la salud.
“A eso, si tú le sumas la deuda, que eran 1.400 millones de dólares en mayo, y si después le sumas la deuda por prima GES, eso no tiene forma de resolverse a menos que tú intentes hacer una ley que vaya contra los fallos de la justicia. Y eso va a generar inevitablemente un problema, un conflicto con el público. Pero eso es lo que están tratando de hacer todo el rato”, agrega David Debrott
¿La ley corta es una forma elegante de que no se cumpla el fallo a cabalidad?
“Sin lugar a dudas, yo lo he dicho desde el primer momento. Esta discusión, por ejemplo, que hubo hace poco tiempo, hace pocos días, sobre adelantar el reajuste en base a los costos de la salud. Esa medida estaba contemplada en la ley corta. O sea, no es algo que se les ocurrió ahora. Eso fue una iniciativa del gobierno en ese momento para tratar de compensar las disminuciones de los precios, subiendo los precios. Cosa que la Corte Suprema instruyó. Baje los precios por esta razón y por esta otra”, puntualiza el economista de la Salud.
“Y la otra medida es de mutualización y de que los precios de los planes no se puedan tarificar por debajo del 7% también para disminuir la deuda. Este tema, por ejemplo, de la tarificación por debajo del 7% que no se puede hacer, eso es totalmente viable y aceptable en los nuevos contratos que se firmen con las Isapres. O sea, si una persona contrata hoy en día, ya hay una ley vigente que dice eso, eso no tiene ningún problema. El problema es que si yo quiero hacer eso hacia atrás, lo he hecho activamente para disminuir el monto de la deuda, eso es absolutamente inconstitucional”, añade David Debrott.
Bajo estas condiciones, ¿se podría dar una intervención de las Isapres?
“En estas cosas, de repente, se han confundido un poco los términos. Y, a veces, uno también los confunde. Lo que va a ocurrir es que las Isapres en el corto plazo van a incumplir los estándares legales, que son estándares de patrimonio, de dignidad y de privacidad. Los van a incumplir, y que incumplan uno de ellos dentro de lo que se llama un régimen especial de supervigilancia y control, es lo único que le da facultades a la Superintendencia para tomar medidas. Esas medidas pueden ser, bueno, pedir un plan de ajustes y contingencias que, en general, no es otra cosa que un plan de buenas intenciones de qué es lo que van a hacer. Con una situación como la que describí en términos de bajas de ingresos operacionales y de deuda, es difícil salir de esa situación”, desmenuza el economista de la Salud.
“Por lo tanto, lo que va a ocurrir es que va a haber una intervención a través de un administrador provisional. Y va a tener que ser probablemente en paralelo en varias Isapres. Eso significa un trabajo enorme de la Superintendencia. A nosotros nos tocó la situación en el periodo en el que yo estuve en la Superintendencia de intervenir una Isapre, Más Vida. Y sé que eso es un trabajo enorme. Es como montar una Superintendencia paralela. Porque los mismos funcionarios que hacen las tareas de fiscalización, tienen que dedicarse a otro, que es administrar una Isapre Administrar dos, tres, es una cosa bastante más grande”, ahonda David Debrott.
¿Van a quebrar algunas Isapres o no?
“Si la situación no se supera, se entra en el proceso de liquidación, se cierra el registro, y los beneficiarios se traspasan a Fonasa, ahí entra el proceso de quiebra. En rigor, el proceso de quiebra no lo maneja la Superintendencia de Salud, ese es un proceso de reorganización, y es muy complejo. Esto porque hay un orden de prelación de los pagos, por lo tanto, si tú tienes una deuda aportada a los de factores de 1.800 millones hasta mayo, e insisto con eso, porque como no se bajaron los precios hasta el día de hoy, esa deuda ya no son 1.800 millones, deben estar por sobre en los 2.000 millones, esa plata se liquida”, aclara el economista de la salud.
“Esas son platas que debieran estar resguardadas en la garantía. La superintendencia no ha dado ninguna instrucción en las garantías de hoy. Y ha pasado más de un año. ¿Para que hagan las provisiones? Ya, claro. ¿Por qué no lo hacen? Porque no tienen dinero para hacerlo. No tienen dinero, entonces están en insolvencia. Lo que ha habido es que no se reconoce una situación que en la realidad es lo que está ocurriendo”, concluye en Palabra Que Es Noticia David Debrott, exjefe de Estudios de la Superintendencia de Salud y exintegrante de la Comisión Asesora para la Reforma del Sistema de Salud Privado.