En Palabras Sacan Palabras conversamos con el exministro de Educación y director del Instituto de Políticas Públicas de la U. Andrés Bello, Raúl Figueroa para conversar sobre las clases particulares que profesores impartían mientras estaban en paro, además del plebiscito y los riesgos que podría significar para la gratuidad.
¿Usted está a favor de la propuesta y por qué razón está a favor? ¿Cuáles son los motivos?
«Yo estoy a favor de la propuesta en términos generales y específicamente en educación. Yo creo que en educación el texto combina bien la protección del derecho a la educación, la promoción de libertades que son importantes como la libertad de enseñanza, es respetuosa de la diversidad de proyectos educativos que tiene Chile, que es una característica positiva de nuestro sistema. Incorpora deberes al Estado que creo que son relevantes, como el deber de tener una red de establecimientos públicos, de asegurar el financiamiento a esa red, de asegurar la continuidad del proceso educativo, que pueden ser declaraciones, pero que son declaraciones útiles, digamos, que pueden transformarse en herramientas potentes para gestionar el sistema educacional. Y combina bien lo que es la realidad del sistema actual, un sistema público que tiene que ser fortalecido, vamos a poder conversar más adelante los problemas que tiene el sistema público y cómo tiene que mejorarse, con el mundo particular seleccionado, que hoy día en Chile representa un 55% de la matrícula, y a ese mundo también el texto constitucional le da garantías. Entonces creo que la mirada general es un buen texto que permite continuar con las cosas buenas que tiene Chile y que fortalece ciertos aspectos donde evidentemente hay que hacer un esfuerzo».
Pero en simple, por ejemplo, si yo le preguntara, ¿es como volver a lo anterior a la reforma de Bachelet? Porque más o menos, en términos generales, es lo que hay ahora, no va a haber ninguna revolución.
«Es muy parecido a lo que hay, no es volver a antes, pero sí, no es previo a Bachelet, y sí fortalece ciertos aspectos que hoy día existen y que creo que es interesante, ya que estamos en el debate constitucional, darle en ese ámbito garantías a la ciudadanía. Que es fundamentalmente la combinación muy adecuada de la necesidad de contar con una educación pública de calidad y, al mismo tiempo, resguardar también la diversidad de proyectos educativos en el mundo particular seleccionado, que es lo que tenemos hoy día en el sistema, pero que no está en la Constitución. Entonces ahí hay un avance, digamos, constitucional. Pero en el fondo es lo mismo que tenemos ahora. En lo que tenemos ahora, las cosas no andan tan bien, en el sentido de que uno podría decir que la educación pública está más que en déficit, está más que enredada, ya la desmunicipalización, la promesa de la desmunicipalización con los famosos SLEP ha resultado ser tan, o parece ser tan desastrosa como la anterior, es decir, que si no hay plata, no hay educación, o si no hay buena administración, no hay gestión, en fin, o sea, se llevó la plata para la casa, no nos enteramos, porque la verdad que esto mismo hace lo que está pasando en Atacama, niños sin clases, etcétera, etcétera, mal manejo, también lo vimos en otras, no recuerdo cuál era, que era Tiltil, que no tenía clases, o sea, lo mismo, entonces, más de lo mismo. Lo que pasa es que es bien importante separar lo que se le puede pedir a la constitución de los desafíos de política pública y la gestión que le corresponde llevar adelante a las autoridades. Los problemas que hoy día tenemos son problemas fundamentalmente de gestión, en la manera en que se está implementando la reforma de la educación pública, en la forma en que se gestionan los servicios locales de educación, en la prioridad que para el gobierno tiene educación en la agenda, y eso no tiene nada que ver con el debate constitucional, o sea, los problemas actuales no se resuelven con la constitución, ni con este texto, ni con otro. Se resuelven con una gestión, en este caso, del gobierno, que ha sido muy deficiente, y que requiere poner foco donde están las necesidades, etcétera. Pero si ganan en contra, en el caso suyo, de educación, ¿usted qué haría más o menos bien con ambas propuestas? En la parte de educación, claro, porque no hay grandes innovaciones. Ahora, sí creo que hay innovaciones interesantes para el rol del Estado, y en ese sentido puede ser relevante para la educación pública el texto que se ha aprobado, porque le impone deberes al Estado que hoy día, a nivel constitucional, no existe. Pero para usted no es dramática la elección en términos de la educación del día domingo, usted está hablando solamente de educación, no es, no hace… Claro, lo que pasa es que como uno vota por todo, yo sí creo que es relevante por una serie de otros factores. Por la combinación de elementos nuevos que hay en el texto, creo que a favor es importante para Chile. Fundamentalmente porque, en ciertos aspectos, aseguran la continuidad del sistema, como en el caso de educación, y en otros, modifica cuestiones relevantes como el sistema político. Creo que hay innovaciones que, si no las hacemos a nivel constitucional, y en una lógica como el proceso que hemos tenido, va a ser muy difícil que se lleven a cabo, como por ejemplo, la reducción de parlamentarios, como por ejemplo… Eso me parece importante. Yo creo que es relevante porque apunta a terminar con una fragmentación excesiva que tenemos del sistema. Pero que sea menos no necesariamente significa menos fracciones. Pero una palanca que va en esa línea, junto con el 5%, junto con otros aspectos, es un andamiaje más complejo. Raúl, sobre la propuesta de la educación, desde el comando en contra han dicho que podría poner en riesgo la gratuidad, que los jóvenes se van a tener que endeudar, que volver a un CAE 2.0… No, yo creo que nada de eso es cierto. Y no hay ningún fundamento de texto para afirmar lo que algunos han tratado de transmitir. Hay un montón de cosas que son mitos que se han instalado. Por ejemplo, que el proyecto constitucionaliza el voucher. Es una cuestión que muchos han señalado. Eso no es efectivo. Lo que dice el texto es que se garantiza un financiamiento por estudiantes. Pero no dice que sea la única forma, no dice que sea por asistencia, no dice que los estudiantes son relevantes y que tienen que contar con financiamiento. En materia de gratuidad escolar se consagra. Pero no lo dice el texto. Por alumnos. No, por estudiantes. Claro, dice que se garantiza el financiamiento por estudiantes. Pero es lo mismo. Pero no dice que sea la forma exclusiva de financiar el sistema. No hay ningún país del mundo que no financie por estudiantes. La forma en que se integran los recursos puede variar. Pero ningún país del mundo financia algo así. De hecho, sería absurdo que se garantizara el financiamiento donde no hay estudiantes. Lo que uno quiere es precisamente que los estudiantes cuenten con financiamiento».
¿Y la gratuidad en la educación superior? No se menciona. Y hoy en día tenemos gratuidad con un texto que tampoco la menciona, por lo tanto no la ponen en riesgo. ¿No se podría dar un flanco como lo que pasa en las tres causales?
«Lo veo muy difícil. De hecho, hoy en día la gratuidad que tenemos se hizo con la contribución vigente. Que prácticamente no menciona la educación superior. Y menos menciona el financiamiento de la educación superior. Y pasa lo mismo. Si garantiza la autonomía de la educación superior, que va en otra línea positiva para el sistema. Una de las cosas que se ha hablado mucho con respecto a esta idea de la libertad de elegir. La libertad de elegir parece ser que uno siempre, y es así, se asocia a los que tienen para pagar. O sea, aquellos que pueden pagar pueden elegir algo mejor. Los que no pueden pagar se tienen que conformar con lo que hay».
Raúl Figueroa: ¿Qué es lo que dice con respecto a ese argumento?
«Eso es súper importante porque la libertad de elegir, y sobre todo en Chile, no está vinculada a los que pueden pagar. Para que tenga una idea, en Chile el 10% de la matrícula va a colegios particulares pagados. En el mundo en general ese porcentaje va entre un 5 y un 10%. Todo el resto es educación pública o educación mixta, financiada por el Estado pero gestionada por privado. Cuando se habla de libertad de escoger, precisamente el punto no está en ese 10%. El punto está en el resto de los ciudadanos que en Chile sí escogen. De hecho el 55% de las familias va a colegios particulares subvencionados. Y han escogido sistemáticamente esas escuelas. Entonces es una garantía que apunta precisamente a hacer de la libertad un derecho y no un privilegio de solo ese 10%. Es muy importante que se consagre la constitución, la libertad de escoger de las familias, y junto con eso, la posibilidad de financiar proyectos como los colegios particulares subvencionados, que también lo hace el texto. Entonces ahí volvería, por ejemplo, esta cosa de postular, esto de que no haya discriminación también en términos para la entrada, lo que llamaron la tómbola, para hacerlo bien claro. No, yo no veo vínculo entre el sistema de admisión escolar y el texto que se propone. Porque de hecho lo que hace es señalar con alta claridad de que no puede haber discriminación arbitraria, que es lo que hace reforzar la idea de la no discriminación en el sistema educativo. Y por tanto el mecanismo apunta más bien a otra cosa. Cuando se pone énfasis en la libertad de enseñanza y en el derecho de los padres a escoger, lo que se está recuerdando es algo que es muy coherente con el derecho internacional de los derechos humanos. Que dice que el Estado no puede monopolizar la oferta educativa. Y es importante que existan proyectos alternativos para que los padres puedan optar por esos proyectos. Y ahí, por ejemplo, creo que pasa es así, porque hablamos el otro día con Francisco Vidal, que hablaba que hay una parte del currículum que no sería, supuestamente, o que podríamos cambiar que el currículum que tenemos ahora todos y todas, el 50% sería del Estado y el otro 50% podría ser libre. Claro, hay una fórmula que es interesante. Primero, lo que pasa hoy día es un 70-30. Esa es la fórmula. No está en la Constitución, pero la ley señala que es un 70% el currículum estatal. Compartimos entre todos los niños y niñas. El 70%. La propuesta constitucional hace una innovación en eso. Y lo que señala es, señala dos cosas. Señala que el 50% lo podría definir eventualmente un establecimiento. Por lo tanto, hay un 50% fijo y un 50% del currículum que lo podría definir cada colegio. Pero señala también, en el mismo texto, que el Estado debe poner a disposición un currículum completo para todos los establecimientos. De tal manera que la forma en que el Estado asegura que existe un currículum homogéneo, común, es a través de cómo asegura este 50% y con una oferta alternativa, que es un currículum completo. Y efectivamente, algunos establecimientos podrían, en la medida que no quieran, porque no es una obligación, optar por un currículum diferente».
Andrea: Pero uno podría excluir cosas. Es bien complicado eso, porque finalmente igual lo que uno… Y ahí, al menos yo, por ejemplo, la experiencia que conozco en el caso de Europa, solamente en Alemania, uno piensa que en los primeros hasta al menos séptimo básico, más aún, existe un robusto financiamiento y unos robustos colegios que son del Estado, que están en las esquinas de tu casa, más o menos, tienen una calidad que empareja bastante la cancha, donde el currículum se comparte, donde el Estado es prioritariamente el que está sobre esos contenidos. Y uno dice ahora aquí 50 y 50, entonces, no sé, la gente de ciertas comunidades van a aprender unas cosas, van a excluir otras.
¿No tiene un riesgo también, en términos de que… cómo lo reconocemos como comunidad?
«A ver, el riesgo que tiene… Hay países de Inglaterra que tienen un currículum mucho más libre, por ejemplo, por poner un dato de un país europeo que tiene un currículum bastante más amplio que el alemán, que es bastante rígido, digamos. Cuando se da la posibilidad de que un colegio pueda determinar este 50% del currículum, lo que hace es, precisamente, favorecer la posibilidad de que existan proyectos diversos, alternativos. Pero no es una imposición. Y, por lo tanto, la regla sigue siendo este currículum nacional que se diseña con los mecanismos que están dispuestos para ello. Y, excepcionalmente, algunos colegios podrían, efectivamente, haciendo un esfuerzo, porque requiere un esfuerzo, hacer un currículum no es algo simple, hacer este complemento. Ahora, la verdad, en la práctica, es bien marginal. Y eso es bien importante. O sea, no es una regla muy común. En general, los colegios destinan sus esfuerzos, más bien, a implementar el currículum que se les entrega, porque es la herramienta más directa que tienen. Y eso va a seguir existiendo».
Para hablar del actual ministro, o de lo que se está haciendo en materia de educación. ¿Cómo lo calificaría?
«Mira, yo soy muy crítico de la agenda educativa del gobierno. Antes del ministro, digamos. Partiendo por el gobierno o por el presidente. Yo creo que, lamentablemente, educación ha estado muy lejos de ser una prioridad para el gobierno. Si tú miras, de hecho, la propuesta del programa, eran solo planteamientos muy capturados por grupos de interés. Y muy poco se hablaba de mejorar la calidad. El quinto punto del programa era recuperar los aprendizajes después de la pandemia. Y cuando asume el gobierno, la verdad es que yo creo que se le vino encima el problema. Recuerden el primer año. Fue un año bien perdido. La lucha del ministro Ávila en ese tiempo era que no se hiciera el CIMSE, que no se evaluaron los profesores. Se hizo el CIMSE porque el Consejo Nacional de Educación obligó al gobierno a hacer el CIMSE. Y gracias a que se los obligó, nos enteramos de noticias que era importante conocer. Digamos que el descenso en matemáticas había sido brutal, lo mismo el lenguaje. Y se hablaba de otras cosas, de un cambio de paradigma, de cuestiones que no tenían ninguna relación con el momento actual del sistema educativo y con las necesidades de los conocidos. Y el ministro Cataldo, la verdad es que él lleva ya cuánto, dos, tres, cuatro meses, yo creo que una cosa así. Él tiene, yo creo que otras habilidades. Yo me he juntado con él, hemos conversado. Pero da la sensación que el ministerio todavía no puede identificar la manera de llevar adelante una agenda que sea coherente con las necesidades del sistema. Hoy día lo más importante en el sistema es que se recuperen los aprendizajes que se perdieron durante la pandemia y que se recupera la continuidad del proceso educativo. Hoy día tenemos problemas serios de asistencia, cuestiones súper básicas. La asistencia, no se recuperan todavía los niveles normales de asistencia. Los aprendizajes, vimos cómo en el CIMSE que se dio a conocer, en la prueba PISA después, estamos o bajos o estancados. Y por lo tanto, la gestión que se requiere es una gestión enfocada en la sala de clases. Y a eso le agregamos una crisis muy compleja en la implementación de la reforma de la educación pública. Esta reforma que desmunicipaliza y lleva a los colegios públicos a nuevos servicios locales públicos de educación».
¿Por qué ocurrió lo que ocurrió en Atacama a su juicio?
«Yo creo que hay una combinación. Atacama es de alguna manera una tormenta perfecta. Se juntaron muchos factores complejos. Y esos factores que yo identifico son, primero, un muy mal diseño de la reforma. Eso fue advertido, se trató de modificar, pero hubo mucho voluntarismo en eso. Una reforma que, por diseño, trae problemas. Problemas, por ejemplo, como la transición. Los municipios que tienen que entregar no tienen ningún incentivo a mantener la calidad de lo que entregan. Al contrario, tienen puros incentivos a desentenderse lo antes posible. Sacarse el cacho encima. Aquellos que no tienen cómo financiarlo también. Entonces, eso es un problema. Después, la reforma es una reforma que, más allá de las intenciones, el mundo municipal tiene problemas, pero más allá de las intenciones, la alternativa fue quitarlo de lo municipal, donde habían algunas cosas positivas, como la descentralización, la solución cercana a los problemas, a crear un aparato estatal muy grande sin modernizar ese aparato estatal. Entonces, pasamos de municipios con cierta flexibilidad y muy descentralizados a servicios locales más centralizados, sin ninguna flexibilidad, sin ninguna capacidad de gestión, con todos los problemas de gestión que sabemos tiene el aparato estatal. Y a eso le agregas elementos como la captura política, que también pasó en Atacama. En Atacama hay una lucha política donde los caciques locales eligieron los colegios como el campo de batalla, lo que es una aberración. Y la presión de grupos de poder, de grupos caros, que tienen capturados los colegios y profesores, que también capturó y eso. Entonces, son muchos elementos que se combinan y creo que hay que abordarlos con urgencia. Y la respuesta es una respuesta que yo creo que no es satisfactoria, que es pausar. Está bien pausar porque no vamos a seguir haciendo los mismos errores, pero no basta la pausa. Necesitamos una respuesta al problema».
¿Cómo se va a abordar? ¿Cuáles son los cambios que se van a hacer?
«Tengo entendido, corríjame si estoy bien o no, que una de las cosas que estamos viendo ahora, puntualmente en el caso de Atacama, y quiero leer algo más muy rápidamente, lo que publicó hoy día en el diario El Mercurio, que realmente es como que a uno se le caen los pelos, pero que hay algunos profesores, según lo que denuncian algunas personas que están allá, en escuelas abiertas de esta institución, dicen que además de recibir el sueldo, lo que hacían es que ofrecían clases particulares a los mismos niños. Es como la privatización máxima de la educación pública. Además de hacer Uber y todo eso. En Atacama pasó una cosa muy compleja, que había problemas de infraestructura, y hay que mejorarlo. Pero, para que ustedes tengan una idea, el presupuesto de infraestructura en Atacama, a noviembre de este año, se había ejecutado en un 19%. 19%, o sea, no es que no esté la plata, es que no hay ninguna capacidad de gestionarlo. No, llegaban, parece que no estaban puestas las cosas. Y ahí el gobierno falló, porque tú tienes que ir a hacerte cargo de la crisis, no puedes esperar 90 días para ir a cambiar un vidrio. Claro, pero lo que tengo entendido, y aquí corríjame si es verdad o no, es que cuando se hace la reforma de Bachelet, una de las grandes promesas es la desmunicipalización, porque genera los mismos incentivos que tenemos ahora, que son las municipalidades ricas, efectivamente tienen más plata, hay también una captura política, porque aquellos que están 4, 5, 6 veces en un mismo, eligiéndose una y otra vez, también se transforman en un feudo. Claro, tiene problemas. O sea, es lo mismo, pasa lo mismo. Pero tenía otras cosas que se podían mantener. Puede pasar lo mismo, pero puede pasar lo mismo. Pero lo que tengo entendido, y uno de los problemas que hay ahora, es que estos quedaron bastante autónomos, y tiene muy poca muñeca el ministerio, efectivamente, sobre los servicios locales, y que esto fue algo pedido también por la derecha, porque corríjame si es así, en la discusión de la reforma, en que la derecha no quería que finalmente el Estado tuviese, es decir, que los SLEP fueran bastante autónomos. Y eso es lo que está siendo un problema ahora, porque esta superautonomía está generando que la intervención tenga que ser lenta, que venga por el lado».
¿Es así o no?
«No están así, porque se crean 70 servicios locales y una dirección de educación pública, que es un órgano central, y estos 70 que están distribuidos a lo largo del país. Efectivamente, los directores de los servicios locales se eligen por alta dirección pública, los designan por el centro de la república, con una lógica de profesionalizarse. Entonces, es cierto, son órganos autónomos, pero en cuyo diseño, al menos teórico, se apuntaba a una profesionalización importante. Esa profesionalización no se cumplió. Están supercapturados políticamente, se instalan a los que haya que instalar, de acuerdo a la pedida del parlamentario del lugar. Eso es lo que ha pasado, es la práctica. Y los concursos, este año, se han declarado prácticamente todos desiertos».
¿Cuál es la intervención de la derecha en esta reforma que finalmente hizo que no hubiese la capacidad?
«La derecha planteó la necesidad de que estos órganos fueran autónomos. Ahora, yo creo que esa autonomía no es la responsable del problema» cerró diciendo en entrevista con La Radio del Rock, el ex ministro de Educación, Raúl Figueroa.