La CMF y los Bancos acusan debilidad en la implementación de la ley de fraudes, vigente en nuestro país desde el año 2020, y que según recalcan desde las entidades financieras tiene vacíos que permiten abusar del sistema. Vulneración que recalcan se podría dar a través de “autofraudes”. Práctica que podría efectuarse bajo los márgenes de la ley, debido a la estipulación que limita la responsabilidad del usuario de medios de pago y transacciones electrónicas cuando los montos asociados al fraude son menores a 35 UF. Instancia que obliga a los bancos a restituir los fondos en menos de cinco días hábiles, sin sentencia de por medio. Sobre esto, hoy en Palabra Que Es Noticia conversamos con José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF).
Explíquenos qué es esto. ¿Cómo se podría dar el autofraude? y ¿qué es lo que ustedes están alertando?
“Esta es una situación que no solo atañe a la banca privada, estamos hablando del Banco Estado, cooperativas, cajas de compensación, entre otros medios digitales. Y lo que sucede es que básicamente tenemos una ley que tiene un error, con un vacío gigantesco, y que fue advertido hace dos años cuando se legisló. Fue advertido por la CMF, por el Banco Central, pero lamentablemente los legisladores no tomaron en cuenta estas advertencias. Que en términos simples señalaba que tenemos una forma legal de responsabilidad que es inédita en el mundo”, señala José Manuel Mena.
“Aquí lo que se plantea tiene que ver con instancias penales civiles, el dolo. El dolo tiene que ver cuando yo tengo una intención. Por ejemplo: compro un arma, me planifico, encuentro una víctima, en el fondo tengo una intención clara. Esa situación de intención cuando hay una transacción comercial, en este caso desconocer una transferencia electrónica, no es posible de probar, penalmente casi imposible. Y esa diferencia con el mundo está haciendo que hoy tengamos un espacio en donde los Juzgado de Policía Local no tienen como aceptar que las pruebas constituyen el dolo frente al inculpado. En este caso a personas que son organizaciones criminales, obviamente en muchos casos de ellos con la complicidad de los titulares de cuenta, y que están generando esta situación anómala. Ese es el ámbito en general”, indica el presidente de la ABIF.
Pero en fácil, ¿cómo lo podría explicar?
“Aquí tienes una cuenta, o como digo una tarjeta. Ves tu cartola y dices ‘estas 3 transacciones yo no las hice’, y uno se pregunta inmediatamente, pero ¿cómo no las hizo usted?, si acá hay inteligencia artificial, la clave por ejemplo se pide más de una vez justamente para evitar fraudes. Si en este caso el titular insiste en que no reconoce la transacción, el paso siguiente es que la institución emisora tiene que restituir hasta 1.200.000 pesos en un plazo de 5 días. Sin ningún otro paso, tengo que restituir porque la ley me obliga”, afirma José Manuel Mena.
“Y a continuación, el emisor debe ir al Juzgado de Policía Local y mostrar todas mis pruebas. Sin embargo, y a pesar de que las instituciones financieras puedan corroborar que todos los mecanismos de defensa del usuario están aptos, porque aquí no hay falta de tecnología, el Juzgado igual te va a responder ‘usted no pudo probar la intención, por lo tanto no puedo aceptar el juicio en contra de la persona’. Por eso estamos hablando del orden de unas 180 mil operaciones en el último semestre”, asegura el presidente de la ABIF.
En ese contexto, ¿qué es lo que busca o quiere la asociación?
“Aquí hay dos situaciones que hay que corregir, y no hay mucho que inventar, es cosa de ir a ver el modelo español, modelo similar que opera en Europa. Hay muchas situaciones de referencia, y a lo mejor nos podemos inspirar en la experiencia española. En ese caso, si usted como persona desconoce las transferencias, el banco o el emisor hace que esos fondos, junto con los antecedentes se le entregan al regulador financiero. Los fondos no son entregados a la persona, si no que , el regulador financiero toma sus fondos, y verifica si se cumplieron todos los puntos de una autentificación reforzada. Elementos de prueba normales en el mundo. Con eso, el regulador dice: acá hay una situación de autofraude y no corresponde que el dinero sea entregado. Así de simple. Eso es lo que deberíamos corregir”, sostiene José Manuel Mena.
Pero también se puede dar al revés, porque si logras probar que me hice autofraude, la misma institución financiera me quita la plata ¿o no?
“A ver, primero tenemos que cuidar a la persona. Tú no tienes que contratar un abogado, eso los abogados lo dominan el peso de la prueba. Eso quiere decir que el peso de la prueba está en el emisor. Tú simplemente recurres donde el regulador, explicas tu situación, y es el banco quien debe tener antecedentes. En el caso en que hablamos de una persona normal, estamos absolutamente de acuerdo. Porque la persona no ha cometido imprudencias o no ha sido negligente o cómplice de organizaciones criminales. El punto es que aquí tenemos organizaciones criminales, la cifra que estoy dando es porque están montadas organizaciones en concordancia con algunas personas de manera que cuando el dinero salió tu ya no lo encuentras. No hay como comprobar”, explica el presidente de la ABIF.
“Si fuese una situación normal, no habría problema. Pero acá estamos frente a organizaciones delincuenciales, bandas montadas, así que no seamos ingenuos. Necesitamos una legislación que proteja a la gente, pero que sea muy claro en que esto es un delito y tiene que frenar. Esto ha provocado complicaciones, ya que el emisor se ha visto en la necesidad de dar cuentas de baja, lo que ha provocado situaciones de violencia por parte de estas bandas criminales en contra de trabajadores de las entidades financieras. Y son situaciones no menores, situaciones muy violentas”, plantea José Manuel Mena.
“Estamos hablando de una situación que uno piensa, esto no puede ser. Tanto así que somos el hazmereir de Latinoamérica, el hazmereir español. Cuando uno comparte esto lo primero que nos dicen es que nos volvimos locos. Esto no se debe hacer, porque hay que cuidar al inocente, pero también hay que procurar que el medio de pago funcione”, sentencia el presidente de la ABIF.
“Esta situación debería ser corregida rápidamente, porque de lo contrario el producto es inviable y habría que cerrar cuentas. Algo que no tiene sentido en el país que hemos construido, donde cada chileno tiene la posibilidad de tener su propia cuenta”, concluye en Palabra Que Es Noticia José Manuel Mena.