“Aquí estamos para aclarar gran parte de las mentiras que se utilizaron estratégicamente para que el gobierno del presidente Boric se ponga de rodillas frente al poder del dinero”. De esta forma inició su entrevista -en Palabra Que Es Noticia– Daniel Caniullán, lonko de la comunidad lafkenche Pu Wapi, uno de los dos grupos que solicitaban la administración de más de 600 mil hectáreas de territorio marino.
El lonko indica que la Ley Lafkenche se tramitó “cuando la Ley de Pesca entregó derecho al mar a todo el mundo, y dejó a los pueblos originarios sin derechos sobre los recursos del mar”. De ahí nace la ley, que entró en vigor en 2008, y “garantiza espacios costeros marinos para el pueblo originario, para mantener una actividad milenaria -el contacto con el mar- para distintas prácticas, ya sean espirituales, medicinales o de subsistencia”, según Caniullán.
Solicitud de espacios costeros
La petición de las comunidades lafkenche -amparada en la ley homónima- se empezó a tramitar luego de que, en 2016, “el gobierno autorizó a arrojar nueve mil toneladas de salmones descompuestos, con químicos, a 75 millas al oeste de Ancud”, dice Caniullán. “Ese veneno que se arrojó al mar generó un efecto negativo en el ecosistema”, agrega.
Además, Caniullán explica que el espacio que piden representa una pequeña fracción del territorio que es administrado por la industria salmonera. De las “millones de hectáreas para la salmonicultura”, las dos solicitudes lafkenche solicitaban cerca de 600 mil, que, según el lonko, representan “un 5%, más o menos” del espacio marítimo.
En esa línea, Caniullán acusa que “hay un abandono del Estado en garantizar los derechos de los pueblos originarios. Cuando se trata de defender a la industria salmonera, salen todos corriendo a interiorizarse con los problemas de la industria. Pero, cuando se trata de un problema de los pueblos originarios, no hay tiempo o no les interesa”. “Sólo se acuerdan de los pueblos originarios cuando quieren votos”, agregó.
Apelación a la justicia
Durante los ocho años de tramitación de las solicitudes, el lonko explica que tuvieron la disposición a negociar las dimensiones del territorio pedido: “Estos espacios fueron recortados en dos ocasiones. Ahora, se tenía la facultad para volver a achicarlo, para llegar a un entendimiento”. “La ley dice ‘aprobar’, ‘rechazar’ o ‘modificar’. Ocho años y nadie fue capaz de buscar esa salida justa”, dice Caniullán. “Los derechos de los pueblos originarios se tienen que garantizar con hechos reales, no con discursos”, afirmó el lonko.
Sobre los pasos a seguir, Caniullán dice que irán “a la Corte de Apelaciones de Coyahique. Después del dictamen del tribunal, pasa a la Corte Suprema. Ahí, tenemos un camino largo, de un año, o puede ser más”.