Tras el despacho de la ley que regula la próxima elección en dos días y sus multas, aún hay críticas respecto a la efectividad del voto obligatorio. Esto, por la baja sanción de 33 mil pesos para quienes no vayan a votar.
Por lo mismo, organizaciones como el Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, plantearon una serie de propuestas de sanciones que logren que se cumpla la obligación.
En Palabra Que es Noticia, Andrea Moletto y Antonio Quinteros conversaron con Mirko Bonacic-Doric, vicepresidente del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local.
Sanción por no votar
Bonacic-Doric destacó la dificultad de aplicar una sanción efectiva con una multa tan baja. «Nosotros no podemos pronunciarnos sobre si la multa es poco o mucho, pero aplicando el sentido común, es un tema complejo porque hoy en día nos dejan con una sola multa, y antes el rango era más alto», explicó, refiriéndose a que anteriormente había un rango más amplio de sanciones.
“Un punto clave de la discusión es qué ocurre si la persona no paga la multa. Según la ley actual, la solución sería emitir una orden de reclusión o arresto”, explicó.
Sin embargo, Bonacic-Doric considera problemático: “¿Vamos a mover todo un aparataje estatal para cobrar una multa de 33 mil pesos?”.
Dicom electoral
Frente a esta situación, el Instituto ha propuesto lo que llaman un «Dicom electoral».
“Sistema que implicaría que quienes no voten sean registrados en una lista que les impediría realizar ciertos trámites con el Estado hasta que cumplan con su obligación”, explicó.
«Cuando quieran renovar su licencia o hacer algún trámite con el Estado, tendrán que cumplir su obligación», sugirió Bonacic-Doric.
El vicepresidente del Instituto también mencionó que “tras un plebiscito, el Servicio Electoral (Servel) es responsable de recopilar la información de quienes no votaron”
“En la última elección de mayo, se denunciaron 1.9 millones de personas por no votar, de las cuales 400 mil presentaron constancias ante Carabineros. Sin embargo, se desconoce cuántos de estos infractores realmente pagaron la multa”.
Para optimizar los recursos públicos y evitar el costo de movilizar todo un aparataje estatal para una multa tan baja, Bonacic-Doric considera necesario «ponernos un poco más creativos para ver cómo avanzamos», aunque reconoció que “cualquier cambio legislativo requeriría empezar desde cero y enfrentar las limitaciones presupuestarias actuales”.