El Senado aprobó la destitución de Sergio Muñoz de la Corte Suprema. Esta decisión y el libelo que la motivó han sido objeto de críticas desde sectores del oficialismo. En Palabra Que es Noticia, Andrea Moletto conversó con Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, sobre la reciente destitución de Muñoz.
Acusación constitucional par
Respecto a la acción de la Cámara de Diputados, que presentó una acusación constitucional unida para Vivanco y Muñoz, Figueroa mencionó que “es un problema porque da la impresión de que se buscó generar una suerte de empate”.
“Un empate en el que, si destituyo a uno, debo destituir a los dos, creando así un efecto político”, agregó. Figueroa indicó que “son señales de que siempre tienen que caer de ambos sectores”.
Explicó que “ahí está el problema, porque la Cámara de Diputados es la que inicia los juicios políticos, y de haber acuerdo, el Senado tiene que juzgar”. Afirmó que “lo que estamos viendo en este mecanismo es una intención de seguir controlando la paridad de los cargos en la Corte Suprema”.
Figueroa también comentó que con esta acusación “se busca destituir en pares, lo que no necesariamente se alinea con los valores que debería tener el Senado al destituir a un actor, en este caso por abandono de deberes en su función judicial”.
Buena señal
Sobre el libelo en sí, Figueroa se mostró optimista, señalando que “hoy vemos una buena señal de que las instituciones funcionan”. “No somos un país donde, ante la corrupción, todos nos quedemos de brazos cruzados esperando que las cosas se solucionen”, complementó.
Mencionó la importancia de separar los tipos de responsabilidades: “Las autoridades públicas tienen responsabilidades penales, políticas y administrativas”. Las penales se refieren a delitos, las políticas están relacionadas con los libelos contra Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, y las administrativas son juzgadas por sus pares.
“Lo que vimos ayer fue una performance política que intenta responsabilizar a un ministro de la Corte por acciones que los senadores consideraron que se escapaban de sus obligaciones”, señaló Figueroa.
Respecto a los eventos recientes, advirtió que esto “pone en alerta sobre lo que está sucediendo dentro de la institucionalidad”. Resaltó la necesidad de resguardar a quienes dirigen cargos o instituciones públicas sin intereses ajenos al ejercicio del mismo.
Figueroa recordó que se trata de un juicio político, no de una discusión sobre si se cometió un delito. Reiteró que “el Senado determinó si su actuar se alineaba con los valores políticos requeridos”.