En Palabra Que es Noticia, Antonio Quinteros y Andrea Moletto conversaron con Francisca Millán, abogada de AML Defensa de Mujeres, quien analizó la protección que se le ofrece a las víctimas de abuso sexual, específicamente en el caso de Monsalve.
Las etapas del proceso penal
“Los procesos penales son de largo aliento. Falta mucho camino por recorrer, para efectos de que se acumule la prueba que la víctima y quien la representa vaya aportando al proceso. Que la fiscalía vaya haciendo sus propias diligencias de investigación. También, el ahora imputado, tenga espacio para abrir sus propias teorías del caso y la prueba que quiera rendir en ese sentido”, comenzó apuntando Millán.
“Una vez que el Ministerio Público ya formalice efectivamente esta investigación, se van a determinar plazos en los que tienen que hacerse todas estas diligencias”, añadió. “Una vez que esa investigación se cierre, de acuerdo a los antecedentes que se hayan reunido, se determine si se irá a un juicio o no”, complementó.
“Los procesos tienen etapas y el juicio es la última etapa en un proceso de investigación, que en este caso está recién iniciando”, señaló la abogada.
El tipo de relación
Ante los constantes cuestionamientos sobre la relación que tendría Monsalve con la víctima, Francisca Millán aseguró que “los delitos sexuales pueden efectivamente ocurrir entre personas que tengan relaciones de dependencia o de jerarquía y que no”.
“Desconocemos detalles sobre cómo habrá sido previamente la dinámica entre ambos. Independientemente de aquello, aquí tenemos el reporte de una violación, es decir, de un forzamiento sexual que está descrito por la ley”, mencionó.
“Además, se considera como una agravante específica de este tipo de delitos cuando se concurre para aquellos en abusos de una relación de jerarquía de autoridad o de subordinación y dependencia, como lo es en este caso”, agregó.
Relaciones con un superior jerárquico directo
Respecto a la importancia legal que tendría mantener una relación de tipo amoroso con un superior, Millán comentó que “tiene distintas dimensiones. Cuestiones que son de corte ético y también administrativo. Sobre todo cuando se trata de un espacio público. Una persona que además no es cualquier jefatura, detenta un poder específicamente importante dentro de la estructura del Gobierno”.
Asegura que “delito no es, no tiene una ilegalidad de orden penal. Pero efectivamente habrá que ver cuáles son las responsabilidades administrativas laborales que puedan determinarse en ese sentido”.
Perspectiva de género
“Los delitos sexuales tienen una regulación general que evidentemente está permeada con las lógicas de género desde un principio. Si bien cualquier persona puede ser víctima de violación, se dan ciertas dinámicas son delitos que afectan principalmente y de manera muy desproporcionada a las mujeres”, señaló.
“Por lo mismo es que requiere que tengan un abordaje desde el momento de la denuncia que permita acompañar adecuadamente a las víctimas. Además, que este proceso de investigación y eventual juicio se haga de una forma en que eviten lo más posible la victimización secundaria de ella”, añadió.
“La ley actual, más conocida como ley Antonia, establece varias medidas: alargando los plazos en los que se puede denunciar y poniendo reglas de cómo la fiscalía, los tribunales, etc. deben manejar los procesos para mantener siempre protegida a la víctima”, aseguró.
El tiempo para constatar lesiones
Sobre los tiempos en los que sería más propicio realizar la constatación de lesiones, la abogada señaló que “la prueba de carácter físico se va a diluyendo en el tiempo. Va perdiendo la calidad hasta volverse derechamente inexistente. Se recomienda una ventana de 72 horas para la realización de ese tipo de pericias. Sin embargo, no son requisitos del ejercicio probatorio de un delito de esta naturaleza”.
El consentimiento
Millán asegura que “la legislación no define el concepto de consentimiento. La violación y cualquier otro delito sexual en mayores de edad está descrito por nuestra ley y se le exige, para que pueda considerarse delito, que concurran de determinadas formas. Por ejemplo, en primer lugar, con el uso de la fuerza o con la intimidación”.
La abogada señala que es muy difícil contar con pruebas directas, las cuales podrían ser grabaciones o audios. Por esto, menciona que “el sistema penal tiene sus propios mecanismos para poder reunir pruebas. Aunque, si bien no sean por sí solas suficiente, en su conjunto puedan generar en el tribunal la convicción según el estándar penal que es más allá de toda duda razonable de que los hechos ocurrieron”.
En este sentido, “el relato de la víctima es esencial. Tiene protagonismo y en este tipo de delitos se vuelve la columna vertebral del proceso de investigación y el posterior juicio”. “Todos los otros elementos probatorios que se junten, en el fondo concurren a este relato para hacerlo coherente y verosímil y a efectos de obtener esa convicción”, añadió.
El consumo de sustancias en estas situaciones
“Lamentablemente este tipo de dinámicas propias del consumo de alcohol o cualquier otro tipo de sustancias son extremadamente comunes. Son de las denuncias más habituales”, comentó la abogada.
“Nosotros siempre funcionamos bajo los estereotipos. Tenemos la idea, en el imaginario, que las violaciones son esa pobre mujer que va caminando por la calle, viene un antisocial de entre medio de las piedras, la lleva al sitio eriazo y la violenta sexualmente”, señaló.
Millán asegura que “no es así como se configura la mayoría de los delitos sexuales”. “En general se trata de personas de círculos cercanos, laborales y familiares, principalmente en el caso de las infancias”, complementó.
“Está súper naturalizado que es entre adultos entonces puede ser lo que sea. Lo cierto es que el consumo de alcohol y todos aquellos factores que inciden en la voluntad de las personas deben ser tomadas un poco más en serio”, advirtió.