En Palabra Que es Noticia, Antonio Quinteros y Andrea Moletto conversaron con Verónica Morales, dirigenta de la Coordinadora V Costa de San Antonio, a propósito de la reciente decisión de suspender el desalojo programado para esta semana del Cerro Centinela, ubicado en San Antonio. Lugar que hoy es hogar de más de 4 mil familias que han construido su vida allí en condiciones precarias.
En una reunión clave celebrada el 24 de febrero en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las autoridades, los propietarios de los terrenos y los representantes de los pobladores llegaron a un acuerdo para extender el plazo de desalojo por seis meses. Durante este tiempo, los pobladores deberán organizarse en cooperativas para la compra de los terrenos.
Crisis habitacional y la necesidad de soluciones reales
Según el Ministerio de Vivienda, en Chile existen 1.432 tomas de terrenos, que albergan a más de 110 mil familias en situaciones similares a la del Cerro Centinela. De este total, un tercio de las personas involucradas son niños, niñas y adolescentes, mientras que un 13% son extranjeros. El 90% de las personas que viven en estas tomas no tienen otra propiedad, lo que refleja la urgencia de encontrar una solución habitacional para los más vulnerables.
Morales explicó que las personas llegan a las tomas por la falta de políticas públicas habitacionales para los sectores más pobres. “La crisis habitacional lleva más de 30 años, aumentando cada año. En cada gobierno, parecen ser menos las soluciones de vivienda social permanente para los más vulnerables”, señaló.
Falta de voluntad política
“El dueño de los terrenos nos ofreció inicialmente vender a cero el metro cuadrado, pero ahora la oferta es más alta. Nosotros queremos pagar un precio justo, que refleje el esfuerzo y los recursos que hemos invertido en la urbanización del terreno”, explicó Morales.
En este sentido, la principal disputa entre los pobladores y los propietarios gira en torno al precio del terreno, que aún está por definirse. La propuesta inicial de los propietarios es de 0,69 UF por metro cuadrado, mientras que la tasación fiscal es de 0,50 UF. Aunque las diferencias aún son grandes, los pobladores mantienen la esperanza de llegar a un acuerdo.
“Si hubieran políticas públicas habitacionales que beneficien a la gente más vulnerable, no estaríamos enfrascados en este problemática. Si la vivienda fuera un derecho constitucional, si los diputados y diputadas de la República se dedicaran a redactar leyes que protejan a las personas más vulnerables, a la gente obrera de nuestro país, no estaríamos en estos problemas. No estaríamos en un campamento” afirmó Morales. “A las autoridades les falta voluntad”.
