En un nuevo programa de Palabras Sacan Palabras, Andrea Moletto y Álvaro Paci conversaron con Gabriela Pizarro, periodista de investigación de The Clinic sobre el reportaje de investigación que aborda cinco casos donde Senadores o Diputados celebraron tratos con el Estado y que podrían estar en la mira del Tribunal Constitucional tras la inhabilidad de Isabel Allende.
El caso de Isabel Allende y su impacto
Sobre el caso, Gabriela Pizarro mencionó: “Se entiende la molestia que tiene la senadora, pero yo creo que lo más importante acá es primero que se sepa que no hay un fallo todavía que leer, que analizar para entender los alcances que va a tener este cambio de criterio que ha tenido el Tribunal Constitucional, porque antiguamente sí se habían evaluado casos parecidos, pero nunca se había llegado a destituir a un parlamentario por este artículo 60 de la Constitución”.
“Entonces, la puerta que se abre con este futuro fallo podría eventualmente inhabilitar o terminar con la destitución de otros parlamentarios”. Agregó.
La caja de Pandora
“Eso justamente es lo que abordamos en el reportaje de The Clinic, donde llevamos varios días revisando las empresas, no solamente las que en las que participan como persona natural los parlamentarios, sino que también las que vienen en segundo o tercer nivel”, explicó Pizarro.
Entre los casos más graves menciona el de la diputada Jimena Ossandón y los senadores Juan Castro y Luciano Cruz-Coke, quienes tuvieron contratos con el estado durante su ejercicio parlamentario.
Además, sobre el comentario de Winter acerca del artículo publicado hace tiempo atrás que abordaba este tipo de situaciones, Pizarro reveló que: “Lo cierto es que el comentario que hace Winter no solamente a nosotros nos prende la ampolleta, sino que también encendió las alertas dentro del Tribunal Constitucional. Nos consta que dentro del tribunal se pusieron muy nerviosos porque empezaron a evaluar que alcances futuros podría tener el fallo que están redactando hoy día”.
Un caso similar
La periodista mencionó que hubo un caso parecido, el del Senador Cruz-Coke donde: “En un momento, no recuerdo exactamente el año, un grupo de parlamentarios del Partido Socialista llevan a Cruz-Coke a la Comisión de Ética de la Cámara y citan el mismo artículo que hoy día tiene a la senadora con un pie afuera del Senado. Y el problema es que la Comisión de Ética dice en ese momento, nosotros no tenemos la potestad de dirimir esto, ya que quien corresponde que emita su juicio es el Tribunal Constitucional. Y ahí no sabemos por qué no se juntaron las firmas para que eso llegara al Tribunal Constitucional. Así que quedó en nada”.
El efecto dominó del caso de Allende
El hecho de que el fallo se filtrara antes de su publicación oficial ha generado preocupación: “Es parte de los escenarios que podrían darse que al evaluar los coletazos que puede llegar a tener esto, que el tribunal diga, ‘Bueno, seguimos con nuestro criterio muy restrictivo de cómo estábamos aplicando este artículo hasta ahora’, pero la verdad es que eso sería un terremoto político”.
“Ahora, el otro escenario es que no echen pie atrás que se mantenga esta decisión de destituir a la senadora y que comiencen a desfilar nuevos requerimientos ante tribunal y que más personas puedan ser destituidas eventualmente, lo que también sería un terremoto político”, agregó Pizarro.
El artículo 60
La periodista también explicó que es el artículo 60: “Dice que se prohíbe o quedan inhabilitados los senadores o diputados que celebren contratos con el estado durante el ejercicio de su cargo, y tiene otros incisos después que aclara, por ejemplo, si esto puede ocurrir a través de una persona interpuesta y ahí también entran las empresas, cuando se hace a través de una empresa y no como persona natural”.
Sobre el caso de Allende en particular, y como no se dio cuenta de que estaba haciendo algo contra la ley, Pizarro dice: “No se entiende mucho eso, pero digamos para los años que ella lleva como funcionaria pública. Ese es un artículo que todos conocemos, y la senadora dice que ella no tiene ningún contrato lo que en estricto rigor es cierto porque el contrato no alcanzó a terminar de celebrarse. Pero es una minucia, porque ella sí alcanzó a firmar ese contrato. Lo que no alcanzó a llegar fue la última firma del presidente, donde alcanzan a echar pie atrás en la decisión”.
El futuro del tribunal constitucional
Pizarro concluye que este fallo puede traer consecuencias drásticas para el funcionamiento del tribunal Constitucional: “Ese es el punto, que este fallo, tal como lo estamos imaginando porque no lo hemos podido ver, si trae como consecuencia la destitución de la senadora, sería un punto de inflexión, porque ese es el cambio y que los todos los abogados de derecha e izquierda nos han dicho, ‘Esto es un cambio notorio, un cambio fuerte en el quehacer del Tribunal Constitucional. Y por eso estamos expectantes a ver cómo argumentan esa destitución para ver quién más puede seguir a la senadora”.
